Por Alberto Matos
Director Editorial de Vivir el Vino
Resulta curioso que sea Castilla-La Mancha la región española que mayor número de bodegas reconocidas con el distintivo “Vino de Pago” acoja en sus tierras. Tras la aprobación de las cuatro últimas –La Jaraba (Cuenca), Los Cerrillos (Ciudad Real), Villagarcía (Ciudad Real) y El Vicario (Ciudad Real)-, la lista oficial se eleva casi a la veintena, más de la mitad ubicadas precisamente en aquella región. Otras, mientras tanto, aguardan varadas en un periodo de protección nacional transitoria, a la espera del veredicto de la Comisión Europea, que parece haber echado el freno ante la avalancha de solicitudes.
Recordemos que un “Vino de Pago” es un tipo de denominación de origen y que el empleo de tal terminología está regulado actualmente por el Reglamento (UE) 1308/2013, de 17 de diciembre, que exige el cumplimiento de rigurosos requisitos no siempre fáciles de asumir por parte de los solicitantes.
En cualquier caso y volviendo al asunto, esta tendencia creciente quizás debería hacer reflexionar a las denominaciones de origen manchegas, especialmente a la DO La Mancha, que en los últimos años ha sido testigo de cómo muchas de las bodegas que podrían funcionar bajo su amparo prefieren hacerlo por su cuenta, renunciando a cualquier identificativo geográfico, acogiéndose a otras figuras de calidad tales como Vinos de la Tierra de Castilla o solicitando su propia denominación de origen, en el caso de cumplir con las condiciones.
Aunque cada bodeguero actúa atendiendo a razones particulares, lo cierto es que la mayoría comparte puntos de vista similares. Todos coinciden en que el territorio protegido por la DO La Mancha es demasiado extenso. No en vano, se trata del mayor viñedo del mundo y, como tal, se encuentra definido por una enorme diversidad orográfica, climática y edafológica que hace que viñedos situados a 200 kilómetros de distancia tengan poco o nada que ver entre sí. Otras denominaciones menos extensas como Rioja y, próximamente Cava después del varapalo recibido con la escisión de Corpinnat, están tratando de solucionar estas diferencias mediante la segmentación del territorio amparado. Otra cosa es si esta decisión se ha tomado a tiempo o no.
Castilla-La Mancha es, sobre todo, una tierra de cooperativistas, en la que los pequeños elaboradores apenas tienen representación, al menos de una manera oficial. Esa sensación se suma a la de que la DO La Mancha no les ofrece siempre el prestigio deseado.
Hasta que el Consejo Regulador no haga algo al respecto, la solución para muchos pasa por demostrar la diferenciación de sus viñedos y vinos ante la Comisión Europea y conseguir así su propia denominación de origen de vino de pago. Una figura que debe mucho a la labor realizada por Carlos Falcó, promotor de Grandes Pagos de España. Esta asociación resultó decisiva para que Castilla-La Mancha fuera pionera en la incorporación de esta figura de protección en su legislación. Y como no podía ser de otra manera, el Marqués de Griñón cuenta también con su propia denominación de origen de vino de pago, Dominio de Valdepusa.