El Gobierno ha aprobado una disposición que evitará penalizaciones a los viticultores que no hayan podido ejecutar este año sus autorizaciones de plantación de viñedo debido a la sequía.

La norma habilita a las comunidades autónomas a determinar que se ha producido una situación de fuerza mayor que permitirá no imponer sanciones administrativas a los titulares de autorizaciones de plantaciones de viñedo que caduquen en el presente año 2023 y que se hayan visto afectados por la falta de lluvias en los meses clave para la realización de nuevas plantaciones, junto con la caída de las reservas de agua para los regadíos, que ha obligado a ir retrasando la ejecución de esas plantaciones hasta que ha resultado imposible realizarlas. Solo se puede garantizar que las nuevas viñas salgan adelante cuando se plantan en los meses de primavera y, como mucho, hasta los primeros días de junio, dependiendo de las zonas.

Las provincias afectadas por la sequía son las delimitadas por las comunidades autónomas en aplicación del Real Decreto-ley de medidas para afrontar la sequía publicado el pasado mes de mayo.