Una lucha que dura ya un año
Tras un año manifestando su preocupación, El CRDO Ribera del Duero ha vuelto a hacer hincapié en su malestar ante la inminente instalación de granjas porcinas dentro de la zona de producción amparada por la denominación de origen, en terrenos plantados de viñedo y junto a proyectos enoturísticos.
Tanto el órgano gestor como las bodegas adscritas “no entienden, ni pueden compartir, que se establezcan negocios porcinos en entornos que se caracterizan por su importancia medioambiental, patrimonial y cultural. Porque estos ponen en serio riesgo la subsistencia de los proyectos vinícolas, a los que de alguna manera invaden, y dificultan el desarrollo de futuros proyectos enoturísticos que contribuyan al crecimiento económico y social de la zona. Más aún cuando hay alternativas viables para que se ejecuten este tipo de instalaciones, pues estamos en un entorno rural en el que abundan otros terrenos que bien podrían albergarlas”, explican en un comunicado.
Hasta la fecha, la parte afectada ha establecido contacto con diferentes instituciones para hacer oír su voz. Así, en noviembre de 2020, responsables del Pleno del CRDO mantuvieron una reunión vía telemática con el Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con el Viceconsejero de Desarrollo Rural y Director General del ITACYL y con Director General de Producción Agropecuaria, solicitando la intervención de la administración e informando de la preocupación del sector. Lamentablemente, la Consejería informó de que “no puede intervenir cuando la granja cumple la normativa en vigor”.
Asimismo, en marzo de este año, el CRDO se reunió con representantes de Anprogapor (Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino) y de Feporcy (Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León), para sensibilizarles sobre “la problemática que se está generando al instalarse proyectos de este tipo en una DO de prestigio, y el peligro que puede tener para la imagen de nuestro territorio”. Se solicitó la ayuda y colaboración de esas entidades para intentar que los proyectos de granjas porcinas se instalen fuera de la DO, sobre todo cuando el lugar donde se establecen no es determinante, ni para su éxito ni para su rentabilidad. También se les informó de que el sector vitivinícola iba a defender sus intereses.
Más tarde, durante el pasado mes de junio de 2021, el Consejo Regulador solicitó a un técnico independiente especializado en ejecución de proyectos constructivos (entre otros, de granjas porcinas), un estudio detallado sobre normativa de aplicación a este respecto, competencias administrativas y comparativa con otras zonas vitivinícolas, de cara a definir la estrategia a seguir.
Finalmente, en julio de 2021, a instancia de Ribera del Duero, la CECRV (Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas) trasladó, en nombre de todos sus asociados, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la preocupación extendida y compartida por diferentes denominaciones de origen de diversas zonas productivas ante la proliferación de proyectos en materia de energías renovables y macro granjas de ganado porcino que afectan a viñedos, bodegas y paisajes emblemáticos e históricos que reportan mucho valor a sus zonas geográficas adscritas.
