Para Cooperativas Agro-alimentarias de España, ante un escenario de bajada de consumo a nivel internacional como el que se está viviendo, es necesario que las administraciones nacional y comunitaria permitan establecer medidas de flexibilidad, tanto a viticultores como a bodegas. En este sentido, la sectorial de vino propone prorrogar la vigencia de todas las autorizaciones de plantación hasta 8 años, para que se puedan tomar decisiones correctas en cuanto a variedades de uva, métodos de producción, etc., así como analizar con el Ministerio de Agricultura una medida de reestructuración diferida que permitiría ajustar temporalmente las producciones.

También preocupa al sector la devolución sistemática anual de fondos del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Nacional debido a la difícil gestión de dichos fondos, en especial los fondos destinados a promoción, en momentos como el actual en los que hay que dar prioridad a abrir y consolidar mercados previamente.

Respecto a las nuevas reducciones de las ayudas por ejecución incompleta en la nueva intervención sectorial vitivinícola, que afecta a la reestructuración y reconversión de viñedos, inversiones y promoción, aun cuando se hayan aprobado por parte de la Administración y cumplan los objetivos, la sectorial considera desproporcionadas esas reducciones.