Por Eugenia Rubio
En el Diario Oficial de la UE del 26 de febrero pasado se publicó el reglamento comunitario que recoge las medidas del llamado “paquete vitivinícola”, cuyo objetivo es dar respuesta a las dificultades que atraviesa el sector en la Unión Europea. Entre esas medidas hay varias dirigidas a controlar la oferta de vino, dado que uno de los principales problemas es el desequilibrio entre disponibilidades y consumo.
De acuerdo con el texto, en situaciones justificadas de crisis, los Estados miembros podrán efectuar pagos nacionales a los productores de vino para la destilación voluntaria u obligatoria, la cosecha en verde voluntaria y el arranque voluntario de viñedos productivos. En el caso de la destilación y la cosecha en verde, los pagos podrán cubrir el coste de las operaciones, más un incentivo por participar en esas operaciones. En el caso del arranque voluntario, podrán cubrir el coste de realizar el arranque y la compensación financiera por la pérdida de ingresos derivada del mismo.
Por otro lado, los Estados miembros podrán exigir el arranque de viñedos abandonados por motivos sanitarios o fitosanitarios, ya que los viñedos abandonados pueden albergar plagas y enfermedades que representan un riesgo para la superficie vitícola circundante. El texto permite también a los Estados miembros financiar el arranque permanente de viñedos productivos a través de sus planes estratégicos de la PAC. Este tipo de arranque estará sujeto a condiciones específicas, como la prohibición de poseer u obtener una autorización de plantación válida durante un periodo determinado o las restricciones que imponga cada país al arranque, por ejemplo en zonas en las que los viñedos desempeñan un importante papel medioambiental, de conservación del paisaje o socioeconómico.
